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El anuncio se presenta después de que Colombia mostró en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA pruebas de que jefes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ocultan en Venezuela con la tolerancia del Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Las acusaciones de Bogotá llevaron a que el mandatario socialista rompiera las relaciones diplomáticas con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe.

Según Colombia, cerca de 1.500 guerrilleros se encuentran en el país vecino, desde donde planean ataques, secuestros y dan clases sobre explosivos.

"Esos ataques son constitutivos delitos propios de la Corte Penal Internacional", dijo a periodistas el fiscal general de la nación encargado, Guillermo Mendoza.

"De tal manera que si esos comportamientos logran adecuarse a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía evaluará la posibilidad de establecer una relación entre esos ataques y el apoyo que le pudieran estar dando personas o autoridades detrás de la frontera de Venezuela", agregó.

Ya en el 2008 Colombia amenazó con llevar a Venezuela ante el organismo internacional bajo argumentos similares.

"Esto tenemos que establecerlo y esa va a ser nuestra actividad, ya inmediatamente vamos a crear un grupo que sea manejado desde la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, para evaluar esas situaciones", concluyó Mendoza.